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La organización bibliotecaria española tiene que ser contemplada dentro de un marco más amplio, dentro de una política nacional de información encaminada a facilitar a los usuarios el acceso a todos los recursos informáticos de los que el país disponga. Para ello, el Estado ha diseñado un organigrama donde cada unidad informativa desempeña unas funciones y cumple unos objetivos; estas unidades informativas o bibliotecas se relacionan a través de un sistema y el sistema bibliotecario, según la ISO, en su norma 5127, está formado por “la biblioteca o conjunto conectado de bibliotecas con todas sus divisiones, servicios y unidades que cooperan para servir a un área geográfica determinada en un campo temático concreto o un grupo específico de usuarios” y deben presentar una planificación, gestión y funcionamientos globales, dirigidos a cubrir unas necesidades y llevar a cabo unos objetivos.

Toda política bibliotecaria se encamina a conseguir un modelo o modelos de biblioteca deteminado, reflejo de su tiempo y dependientes de cada momento histórico. Para encontrar un precedente de una organización bibliotecaria en España hemos de retrocedernos a 1857, cuando se definieron las distintas tipologías bibliotecarias: públicas, nacional, universitarias y provinciales; en 1901 aparece el Reglamento de Bibliotecas Públicas, vigente hasta 1989. Pero el verdadero antecedente del actual sistema bibliotecario español es el Decreto de 24 de julio de 1947, donde se dan las normas para la ordenación de archivos y bibliotecas y mediante el cual se define el sistema bibliotecario franquista, basado en un organigrama muy centralizado y hermético donde el Servicio Nacional de Lectura se encargaba de la dirección.

FORMACIÓN DEL SISTEMA ESPAÑOL DE BIBLIOTECAS, SEB

El sistema bibliotecario español es fruto de una política orientada a satisfacer las necesidades informativas de todos los españoles. Se compone de un conjunto de instituciones y órganos que deben ofrecer a los ciudadanos todos los recursos informativos disponibles; para ello es fundamental la existencia de una jerarquización entre las distintas instituciones pertenecientes a dicho sistema, cada una con una función y unas características distintas, aunque siempre complementarias.

La Constitución de 1978 establece el marco jurídico del actual sistema español de bibliotecas, transformando un sistema administrativo centralizado en otro descentralizado, apoyándose en el traspaso de competencias en materia de cultura a las Comunidades Autónomas, y basándose en los artículos 148.1 y 149.1 de la CE

Este sistema significó la creación de un nuevo marco jurídico que obligó a un proceso de adecuación institucional y orgánica, tanto en el ámbito estatal como autonómico. De 1981 a 1990 tiene lugar el traspaso de la mayoría de las competencias en materia de bibliotecas, por medio de la promulgación de los distintos decretos de transferencias, así como la firma de los convenios de gestión. Podemos distinguir las siguientes etapas en este proceso:

- Promulgación de las distintas leyes bibliotecarias autonómicas

- Desarrollo reglamentaria y determinación de sus normas básicas

- Creación y consolidación de los órganos de los sistemas.

COMPOSICIÓN DEL SEB

Según esta legislación el Sistema Español de Bibliotecas se compone de las siguientes unidades:

- La Biblioteca Nacional, como cabeza teórica del sistema (incluyendo sistemas autonómicos)

- Las Bibliotecas Públicas del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos ejercen la dirección y gestión dentro de su ámbito de actuación, aunque sigan siendo de titularidad estatal.

- Las Bibliotecas de Ministerios y organismos autónomos de la administración del Estado, excluídas las escolares

- Las Bibliotecas de las Universidades Públicas, regidas por los distintos estatutos universitarios y dependientes de su autonomía.

- Las Bibliotecas de las Reales Academias

- Redes o sistemas de bibliotecas de instituciones públicas o privadas o las bibliotecas de excepcional interés, a través de convenios con el Ministerio.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas es el encargado de la promoción y difusión del libro y de fomentar la cooperación bibliotecaria en colaboración con las administraciones autonómicas por medio de distintas acciones. Las Autonomías crean un modelo de sistema bibliotecario, similar al nacional, piramidal, con una biblioteca cabecera, que si bien no representa a un Estado, sus funciones sí abarcan casi todas las asumidas por la Nacional, dentro de su territorio, con unas bibliotecas públicas dependientes de las Comunidades Autónomas, y otras municipales, dependientes de los ayuntamientos; por tanto, las competencias de cada administración, estatal y autonómicas, quedan de la siguiente manera.

La administración central tiene competencias en:

- Elaboración de legislación de carácter general, sin que menoscabe con ello las propias de cada comunidad

- Legislación y gestión de las bibliotecas estatales

- Elaboración de la bibliografía nacional y la estadística nacional

- Promoción de la cooperación y coordinación en el ámbito estatal y autonómico

Las autonomías tienen competencia en:

- Gestión de las bibliotecas que no sean de titularidad estatal

- Gestión sobre el tesoro bibliográfico y documental

- Elaboración de bibliografías y estadísticas en el ámbito autonómico

- Elaboración de la legislación que le sea propia

El Sistema Bibliotecario Español adolece de una falta de planificación porque sus unidades no se articulan de manera clara y eficaz. Por este motivo es necesario dar la suficiente importancia a la cooperación entre todas las bibliotecas que lo integran utilizando sistemas informáticos compatibles y exportables.