Un arcano: la vetustez de la legislación archivística estatal

En nuestro ordenamiento jurídico cultural es tradición que una Ley de Patrimonio ordene el sector; así ocurre en el ámbito estatal con la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, y en el ámbito autonómico, concretamente el valenciano, con la Ley 4/1998 y 7/2004 del Patrimonio Cultural Valenciano.

Un arcano: la vetustez de la legislación archivística estatal

Es propio de estas leyes patrimoniales, definir los distintos tipos de bienes culturales, ordenarlos en diferentes patrimonios, regular su régimen jurídico y su prelación, enumerar los derechos y obligaciones de los particulares así como las potestades de las administraciones públicas en torno a tales bienes, al ser la propiedad de los mismos, especial, ya que aunque sea privada ha de soportar la intromisión de los poderes públicos, en aras del servicio de la cultura a la ciudadanía; también forma parte del contenido de tales leyes, la descripción de las técnicas de inventario y registro, el régimen de subvenciones y el cuadro de infracciones y sanciones.

Entre los distintos patrimonios regulados en las leyes sobre la materia, aparece el bibliográfico y el documental, tanto desde la perspectiva de los bienes integrantes de los mismos en los respectivos catálogos y censos, como desde la perspectiva de las oganizaciones o instituciones que los tratan, es decir, los Archivos y Bibliotecas.

El carácter general de las leyes patrimoniales culturales obliga al legislador, estatal o autonómico, a pedir la colaboración del reglamento o de otras normas jurídicas de mayor rango, para desarrollar minuciosamente los aspectos técnicos y específicos de cada patrimonio, y por ende, del patrimonio bibliográfico y documental y sus respectivas instituciones.

Ello explica que las Comunidades Autónomas hayan desarrollado en sus respectivos ámbitos y de acuerdo con sus títulos competenciales, leyes de Bibliotecas y de Archivos, así como, por supuesto, de Patrimonio Cultural. Tal es el caso de la Comunidad Valenciana con la ley 10/1986 de Organización Bibliotecaria, con la ley 3/2002 del Libro, y con la ley 3/2005 de Archivos, amén de las precitadas del Patrimonio.

Pues bien, el Estado, o por mejor decir la administración central, ha desatendido el mandato contenido en la transitoria segunda de la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, de cara a desarrollar en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de tal ley, el Reglamento de organización, funcionamiento y personal de los Archivos de titularidad estatal, así como de los servicios técnicos o docentes relacionados con los mismos, además de lo relativo al Sistema Español de Archivos, según lo dispuesto en el artículo 66. Cuatro lustros después del plazo señalado, seguimos sin dicho reglamento, y para más inri con unas normas jurídicas, todavía en vigor, que datan del siglo pasado: el Decreto de 22 de noviembre de 1901, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos del Estado, y el Decreto de 24 de julio de 1947 sobre ordenación de los Archivos.

No se entienden las razones, sea cual sea la índole de las mismas, de esta desidia legislativa, que a fortiori se compadece mal, con la existencia de un cuerpo de funcionarios tan perito como el facultativo de Archiveros, y con la presencia en el organigrama del Ministerio de Cultura de una Subdirección General de Archivos Estatales, dependiente de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

(Fuente. Revista Cejillas y Tejuelos. Artículo escrito por el profesor del Área de Legislación, Pedro Baño León)

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